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Tierras desaprovechadas en el Val de Lemos
La Ley de Movilidad de Tierras no será una realidad en esta legislatura y posiblemente no vea la luz este año. El adelanto electoral anunciado en el día de ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, da al traste con la intención de la Consellería de Medio Rural de dotarse de una norma con la que enfrentar la continua pérdida de superficie agraria que se está produciendo en Galicia.
El proyecto de Ley de Recuperación y Puesta en Valor de Tierras Agrarias fue anunciado para el pasado mes de noviembre pero aun no entró en el Parlamento. La Xunta habría decidido retrasar la aprobación de la nueva norma en busca de consenso en año electoral y en la Consellería admiten que las prisas iniciales por sacar adelante la norma se transformaron en cautela a las puertas de las elecciones.
Aunque fue anunciada por el propio conselleiro de Medio Rural, José González, para finales de 2019, la aprobación definitiva de la nueva Ley de Recuperación y Puesta en Valor de Tierras Agrarias tendrá ahora que esperar a la nueva legislatura y a la toma de posesión del nuevo Gobierno gallego salido de los comicios del día 5 de abril.
A estas alturas el proyecto de Ley aun no había entrado en el Parlamento (la Xunta se limitaba a anunciar que «próximamente» iniciaría su tramitación parlamentaria) y la inmediata disolución de la Cámara gallega impedirá ya que lo pueda hacer hasta el segundo semestre del año como muy temprano y siempre que el nuevo Ejecutivo no decida introducir cambios o incluso elaborar un nuevo texto normativo.
El temor a que la nueva Ley fuera considerada intervencionista y creara rechazo social a las puertas de unas elecciones autonómicas hizo que en las últimas semanas se retrasase su aprobación en el Consello de la Xunta
Por eso, el retraso (quizás intencionado) de su entrada en el Parlamento hará probablemente que la norma no entre en vigor este año. Tras las elecciones de 5 de abril los diputados electos deberán tomar posesión y, después de la constitución de la Cámara, deberá elegirse presidente de la Xunta, que a su vez nombrará a los nuevos conselleiros. Con el nuevo Gobierno formado la Ley deberá ir al Consello de la Xunta y, de ahí, al Parlamento, cuando este inicie sus sesiones de trabajo.
Que la nueva normativa para la movilidad de tierras quede o no aprobada definitivamente antes de que finalice 2020 dependerá también de la consideración con la que sea tramitada en la Cámara. Si entra como proyecto de Ley tiene una tramitación y si entra como anteproyecto tiene otra diferente y ese es un aspecto que va a depender de la decisión del propio Parlamento gallego.
Temor al castigo en las urnas de los propietarios de tierras abandonadas
El temor a que la nueva Ley fuera considerada demasiado intervencionista y creara rechazo social a las puertas de unas elecciones autonómicas habrían hecho en las últimas semanas que se retrasase su aprobación en el Consello de la Xunta, paso previo a su remisión al Parlamento. Presiones internas desde sectores del propio Gobierno y el partido que lo sustenta obligaron la recular en sus intenciones a la Consellería de Medio Rural, donde admiten que las prisas iniciales por sacar adelante la norma se transformaron en cautela y en querer explicarla bien antes a medida que se acercaban los comicios.
En la argumentación que dan desde la Xunta apelan a la búsqueda de consenso. «Estamos trabajando desde la Consellería en dos nuevas normas, el anteproyecto de Ley de Gestión de Residuos Ganaderos para regular el uso de los purines y la Ley de Movilidad de Tierras. Si por nosotros hubiese sido estarían ya las dos en el Parlamento, pero, por su trascendencia, no es bueno aprobarlas con urgencia, es mejor explicarlas antes. Así que la prisa que teníamos al principio se transformó en un deseo de querer explicarlas bien, tres meses más es lo de menos si acertamos para que sea una norma útil y eficaz y para que no tenga rechazo social», admitía a finales de enero el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, a Campo Galego, cuando aún se preveía agotar la legislatura, que acabaría oficialmente en otoño de no haberse producido el adelanto electoral anunciado ayer.
Si por nosotros hubiese sido tanto la ley de movilidad de tierras como la de gestión de purines estarían ya en el Parlamento pero por su trascendencia no es bueno aprobarlas con urgencia, es mejor explicarlas antes (José Balseiros)
El propio conselleiro de Medio Rural, José González, que había anunciado para noviembre la entrada de la nueva Ley en la Cámara gallega, así como los demás altos cargos políticos y técnicos de la Consellería dedicaron las últimas semanas, desde el pasado mes de diciembre, a explicar los principales pormenores de la nueva norma a los distintos sectores vinculados con el rural, presentando un adelanto de la nueva ley al Consejo Agrario, al Consejo Forestal, a asociaciones y colectivos profesionales como los ingenieros agrícolas y forestales, a los Consejos Reguladores de las cinco D.O. de vino gallegas o incluso en reuniones explicativas con vecinos solicitadas por los alcaldes. «Escuchar antes al sector es positivo porque hay aportaciones que enriquecen la norma, igual que las experiencias piloto previas que estamos ya probando y que sirven como espejo», aseguraba Balseiros.
Un texto articulado que no llegó a hacerse público
Las espectativas que había puestas en la nueva norma para favorecer la puesta en producción de la superficie cultivable y que ahora queda en stand by eran muy altas: «Sin duda, va a suponer un antes y un después», afirmaba Balseiros. El borrador del que todo el mundo hablaba de oídas (la Consellería no facilitó al menos el documento a Campo Galego a pesar de haberlo solicitado) carecía hasta ahora de mayor concreción que lo avanzado por el propio conselleiro y el director general de Desarrollo Rural, Miguel Ángel Pérez Dubois, en distintas comparecencias públicas. Pero se desconocían a día de hoy los pormenores del articulado normativo, los plazos de aplicación y la propuesta presupuestaria que debía acompañar la ejecución de la nueva ley.
En estos momentos algunas de las cuestiones recogidas inicialmente estaban siendo valoradas y no se descartaban cambios previos a su tramitación e incluso también durante ella. «El espíritu no va a cambiar, pero la reglamentación y el articulado es probable que sufra aún modificaciones para poner esta Ley en consonancia con otras que ya esisten (como la Ley del Suelo o la Ley de Montes) para que no la limiten en su aplicación», avanzaba el director general de Ganadería semanas atrás. Aunque la Ley de Movilidad de Tierras depende de Agader, José Balseiros aseguraba que eran muchas las personas interesadas en montar un proyecto en el rural gallego que acudían diariamente a su departamento a preguntar, porque tener superficie disponible suficiente es uno de los condicionantes fundamentales en muchos casos para ponerlos en marcha.
Medidas para evitar el bloqueo de las herramientas de ordenación
Recuperar tierras abandonadas para facilitar base territorial a las explotaciones creando así riqueza y empleo en el rural para evitar de este modo los incendios forestales fue el objetivo primordial que se marcó el José González cuando se hizo cargo de la Consellería de Medio Rural hace casi año y medio (a finales de septiembre de 2018).
Su medida estrella para lograrlo era precisamente la futura Ley de Recuperación y Puesta en Valor de la Tierra Agraria de Galicia, una norma de la que se habló mucho durante todo su mandato. La nueva Ley apostaba por una serie de medidas voluntarias para favorecer la movilización de tierras a través de herramientas como los polígonos agroforestales, los proyectos de gestión conjunta de la tierra, la iniciativa de aldeas modelo y las permutas de especial interés agrario, pero se reservaba la capacidad para impedir el bloqueo por parte de una minoría de propietarios a este tipo de proyectos de ordenación.
También se impulsaban dos instrumentos clave, como son el Banco de Terras, que estaba previsto agilizar, y el Banco de Explotaciones. Este último serviría para facilitar el contacto entre agricultores y ganaderos que vayan a dejar su actividad y otras personas interesadas en darle continuidad, con el fin de evitar su desmantelamiento y el de las tierras que las conforman.
La ley surge como resultado de las conclusiones del dictamen de la Comisión del Parlamento gallego creada a raíz de los incendios forestales de 2017 y abarca las tierras con vocación agraria, forestal y ganadera, es decir, los tres usos fundamentales del suelo rústico gallego. Para animar los arrendamientos o la compra-venta de tierras, se contemplaban también beneficios fiscales y otras medidas de fomento de proyectos de recuperación de tierras. El fin último era dar seguridad jurídica tanto a los propietarios de la tierra como a los arrendadores, así como permitir que la Xunta de Galicia pueda intervenir en todas aquellas parcelas cuyo propietario está ilocalizable.
Ensayos previos con distintos proyectos piloto
Encuentro del conselleiro de Medio Rural con vecinos de la aldea modelo de Osmo, en Cenlle
Entretanto finalizaba la redacción de la norma para su aprobación parlamentaria, la Xunta avanzó en una serie de planes piloto de movilidad de tierras anunciados en comarcas como Lemos, Ancares, Courel, O Ribeiro o Verín. Las tierras de estos proyectos piloto, con concesiones que pueden llegar a los 30 años de arrendamiento, forman parte de los denominados polígonos agroforestales. La intención de la Consellería de Medio Rural es probar el funcionamiento de esta herramienta en 15 lugares experimentales con una superficie total de unas 10.000 hectáreas de tierras abandonadas de alta calidad agraria, para ponerla la disposición de agricultores y ganaderos interesados en cultivarla. Estas iniciativas siguen adelante y, a priori, no se verían afectadas por la convocatoria electoral.
El departamento que dirige José González actuará como intermediario entre propietarios y arrendatarios, confiando en que estos alquileres constituyan un complemento interesante para muchos pensionistas. En el caso de las parcelas ilocalizables, las rentas que se paguen está previsto que vayan al erario público de la Xunta de Galicia. La inversión prevista en estas iniciativas es de 2,7 millones de euros y están en marcha polígonos agroforestales en O Courel, Ancares y Val de Lemos, en la provincia de Lugo, así como en Cualedro, Oímbra y Arnoia, en la de Ourense. En fase de proyecto o previstos hay otros en Vilalba, Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Baixo Miño o A Cañiza.
El Banco de Terras actúa como instrumento de identificación de áreas de gran aptitud agraria y elevado grado de abandono, de elemento para la concentración de la oferta a través de la dinamización de las personas titulares de los terrenos y de puesta en contacto y arbitraje entre titulares y agentes, tales como cooperativas o empresas agrarias, interesados en promover proyectos productivos agrarios de gran envergadura.
Las aldeas modelo
De manera paralela también se está comenzando a instaurar a modo experimental otra de las herramientas novedosas de la futura Ley, las denominadas aldeas modelo. Ya son seis las declaradas por la Xunta. Son Penedo (Boborás), Muimenta (Carballeda de Avia), Infesta (Monterrei), Trabazón (O Irixo), Trascastro (O Incio) y Osmo (Cenlle). En ellas la Consellería de Medio Rural busca un aprovechamiento productivo de las franjas de prevención contra incendios forestales alrededor de los núcleos habitados para dar cumplimiento de este modo a las distancias de plantaciones establecidas en la Ley 7/2012 de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Galicia.
En estos seis casos concretos supondrá actuar en un total de casi 138 hectáreas, correspondientes a más de 3.800 parcelas de cerca de 800 propietarios. Las fincas tendrán un uso productivo diferente en cada aldea modelo, centrándose en la mayoría de los casos en ganadería extensiva tanto de cerdo celta como de razas autóctonas bovinas, aunque también se hará cultivo de cereales en algunos casos.
La Consellería de Medio Rural informaba el pasado mes de noviembre de que recibió ya 47 solicitudes para poner en marcha aldeas modelo por toda la geografía gallega, de las que están en trámite más de 20, que supondrán la puesta en valor de más de 620 hectáreas en casi 13.000 parcelas de unos 3.200 propietarios.
Radiografía de la situación de la superficie agraria en Galicia:
(II) La polarización en el uso de la tierra: intensificación en unas zonas y abandono en otras
Bravo señor Feijóo.
O campo sempre agradecido destes esforzos que fai por el.
Como se habían de matar as carreiras se o contó fose para ENCE. Non fose a ser o demo.
Tristeza de xente.